Aumentar del 10% al un 20% el límite legal de alumnos por aula (es
decir, incrementar el máximo de estudiantes por unidad de 27 a 30 en
primaria y de 33 a 36 en secundaria), no cubrir las bajas del
profesorado de menos de dos semanas, imponer un mínimo de 25 horas
lectivas en primaria y 20 en secundaria (ahora es un máximo de 25 en
primaria y 21 en secundaria), aplazar el cambio previsto de los ciclos
formativos de FP, congelar o reducir los complementos salariales y dar
la posibilidad a los centros de bachillerato de ofrecer solo ciencias o
letras. Son las seis medidas que José Ignacio Wert ha propuesto a los
consejeros de enseñanza de las comunidades para aplicar el recorte de al menos 3.000 millones de euros en las aulas, adicionales a los más de 3.400 que se han recortado ya en los presupuestos de los dos últimos años, anunciado el lunes pasado por el Gobierno.
Según el ministro, algunas de estas medidas son conyunturales y, por
tanto, reversibles, mientras que otras son estructurales y servirán para
mejorar la eficiencia en el servicio. La viceconsejera de Canarias,
Manuela Armas, del PSOE, no opina lo mismo y considera que todas serán
"irreversibles" y afectarán a "varias generaciones", ha declarado al
término de la reunión con Wert. Además, considera que, como los
presupuestos se han calculado en base a estas medidas, las comunidades
no tendrán margen y se verán obligadas a aplicarlas, quieran o no.
Según Armas, estas medidas supondrían reduccir a la mitad la
plantilla de la enseñanza pública, que ya ha perdido miles de docentes
en los dos últimos años, por lo que se ha mostrado en contra y ha pedido
que, en todo caso, se apliquen de manera proporcional al esfuerzo de
recorte ya realizado por las diferentes autonomías.
Ya antes del comienzo de la reunión los consejeros del PSOE habían
manifestado sus reservas ante los planes del Gobierno. “No hay que
confundir la búsqueda de eficiencia con los recortes en Educación”, dijo
la consejera de Educación del País Vasco, Isabel Celaá (PSOE), en la
entrada del Ministerio de Educación, en Madrid, en representación de los
tres representantes de su partido, ella misma y los responsables
andaluz y canario. “Venimos a debatir, no solo a escuchar”, añadió
Celaá.
Junto a Celaá, a la entrada del ministerio, el consejero de Educación
en funciones de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, añadió: “No
vamos a aceptar imposiciones”. Ambos defendieron la inversión en
educación como garantía de futuro frente a las medidas de ahorro del
Gobierno. El consejero de Educación canario, José Miguel Pérez, también
del PSOE, ya se había manifestado en días anteriores contra estas
medidas.
Más dispuestos llegaban los representantes del PP. El titular de
Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, en nombre de todos los
consejeros de su partido, aseguraba que las medidas son "razonables, de
máximos, y no obligan" a las CCAA, además de no afectar a los puestos de
trabajo. Algo que ha reiterado después del encuentro con Wert,
subrayando además que son "reversibles, aunque necesarias en este
momento para "salvar el sistema educativo", que se encuentra "en serio
peligro".
Presión sindical
Los sindicatos se han concentrado esta mañana frente al ministerio,
también en contra de los recortes anunciados. CC OO, UGT, STES, ANPE y
CSIF han entregado al departamento un manifiesto contra el tijeretazo y a
favor de la escuela pública. “Vamos a asistir a una vuelta a las
escuela de los años setenta” si las medidas se llevan adelante, ha dicho
José Campos, de CC OO. “Un aumento de las ratios y de las horas de
clase van a dificultar mucho la atención personalizada de los alumnos,
que es la mejor manera de mejorar los resultados”, ha añadido Carlos
López Cortiñas, de UGT. Por su parte, Carmen Guaita, de ANPE, ha
asegurado que estos recortes van a hacer imposibles las reformas que el
ministerio ha prometido para mejorar la enseñanza en España.
Todos ellos han exigido la convocatoria de la mesa sectorial (órgano
que reúne a sindicatos y Gobierno) para hablar de las medidas, y CC OO y
UGT han amenazado con movilizaciones si no se llegan a acuerdos sobre
las medidas de ahorro.
(El País 16/04/2012)
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