martes, 31 de enero de 2012

Los directores de colegio se niegan a cerrar el presupuesto sin cobrar 2011


Los Presupuestos de la Generalitat se hacen, técnicamente, para cumplirse. Pero no ha sido así. Los fondos presupuestados en 2011 y aprobados en las Cortes para financiar los gastos de funcionamiento de la enseñanza pública y de la concertada ni están ni han llegado a los colegios e institutos. Ante esta situación, los directores de las escuelas públicas rechazan tener que cerrar el ejercicio del año pasado en “números rojos”, como autorizó la semana pasada la nueva consejera, María José Catalá.
“Nos negamos a presentar el presupuesto de 2011 hasta que no se pague lo que se debe”, anunció ayer la Permanente de Directores de Infantil y Primaria de la provincia de Valencia (AVDIP), ante la deuda aún pendiente de la Generalitat de los gastos del último cuatrimestre de 2011 y de las ayudas del comedor escolar.
En protesta por esta situación que está “asfixiando el funcionamiento normal” de los centros —lo que les ha obligado a dejar de pagar a los proveedores y algunos han sufrido hasta cortes del suministro de agua y de la luz— los directores de la provincia de Valencia realizarán mañana miércoles “una entrega masiva del balance económico de cada centro y de los presupuestos para el curso 2012”. En el acto, frente a las oficinas de la Dirección Territorial de Educación de Valencia, “reivindicarán las deudas que la Administración mantiene con las escuelas”, sostienen desde AVDIP.
El envite responde, en parte también, al malestar por el reciente anuncio del vicepresidente José Ciscar de crear un cuerpo superior de interventores y auditores de la Generalitat para “fiscalizar”, entre otras cosas, los gastos de los centros docentes y los del profesorado interino que realice sustituciones. Desde el STEPV se recuerda al Consell que “los centros educativos ya están sometidos a la supervisión de la inspección educativa y de las correspondientes direcciones territoriales”. El sindicato sostiene que, de hecho, la permanente intervención de Hacienda provoca “retrasos injustificados” en las sustituciones, dejando sin trabajo a los interinos.

Padres, alumnos y profesores del colegio público Cervantes de Godella, ayer, en la protesta contra los recortes del Consell.

Reducción de profesores

La Sindicatura de Cuentas ha confirmado que el número de docentes interinos se redujo en 2010 en 1.468 interinos frente a 2009, indica Fete-UGT, que calcula que este curso ha comenzado con 1.203 profesores menos.
La consejera Catalá se limitó ayer a recordar que el miércoles pasado la Generalitat pagó el segundo cuatrimestre de 2011 y, en su opinión, los centros “tienen ahora el dinero suficiente para hacer frente a los gastos” e insistió en que trabaja en un “calendario de pagos” para abonar la deuda en 2012. Catalá hizo estas declaraciones en su visita al centro concertado de FP Xabec, vinculado al Opus Dei, con el secretario autonómico de Formación y Empleo, Román Ceballos.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/01/30/valencia/1327946829_268148.html

sábado, 28 de enero de 2012

Bachillerato de tres años para 2013


Algunas comunidades reclaman a Wert que reflexione sobre los costes de la reforma. Andalucía y Canarias, en contra de parar las oposiciones



El nuevo Bachillerato de tres años será llevado al Congreso de los Diputados "antes de final de año", según declaró este jueves en la conferencia sectorial de Educación (la reunión del Gobierno con las consejerías) el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Hasta que la compleja normativa sea llevada a la negociación parlamentaria será debatida con las comunidades. Algunas como Catalunya o Andalucía mostraron sus reticencias a que el actual 4º de ESO sea sustituido por 1º de Bachillerato o de Formación Profesional (FP). Si el Gobierno tramita rápidamente en el Parlamento la modificación, el nuevo sistema podría entrar en vigor en 2013.
La nueva estructura del sistema, de la que Wert aclaró poco en la reunión, afecta a todos los implicados en la educación no universitaria. En primer lugar, a los centros, que deberán adaptarse a una nueva arquitectura de los títulos que adelanta el final de la Secundaria a los 15 años. El consejero de Educación de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, reclamó al Gobierno un estudio "de las consecuencias económicas" de la reforma.
La nueva estructura adelanta el final de la Secundaria a los 15 años
Otras comunidades expresaron sus dudas al respecto de que la ambiciosa reforma del sistema educativo sea la clave para reducir el 28,4% de alumnos que abandona los estudios después de la educación obligatoria. "Veo más complejidad que beneficios", resumió la consejera de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau. En su opinión, el Gobierno debería desarrollar el plan ideado por el exministro Ángel Gabilondo, que establecía tres itinerarios para el 4º de ESO.
"A veces, para comprobar si se ha conseguido un objetivo en educación hace falta esperar el paso de una generación", añadió, en el mismo sentido que Rigau, el consejero andaluz. El Gobierno socialista modificó el último curso de la Secundaria en un real decreto de la Ley de Economía Sostenible. El objetivo era desarrollar el carácter orientador del 4º de ESO tal y como establece la LOE en su articulado. Este curso orientador pretendía dirigir a los alumnos a la FP o al Bachillerato de ciencias o letras.

Reflexión

"Veo más complejidad que beneficios", dijo la consejera catalana
El ministro aceptó las quejas de Andalucía y admitió que la reforma deberá conllevar una "reflexión" que tenga en cuenta los "costes de un cambio sin perder de vista que se trata de cambios instrumentales". "El objetivo no es que el Bachillerato sea de tres años sino que, elijan lo que elijan los alumnos, salgan de su educación en mejores condiciones de empleabilidad que sus pares europeos", explicó Wert.
Además, las comunidades expresaron su desconfianza hacia una eventual inversión en un cambio normativo muy profundo en un contexto económico desfavorable. La reforma "tiene unas derivaciones en la política de los centros de gratuidad que hay que tener muy en cuenta porque los beneficios pueden ser menores que los inconvenientes", advirtió Rigau. Un informe de CCOO advierte de que concertar la etapa del Bachillerato podría tener un coste de 250 millones al costear con fondos públicos la educación postobligatoria de 60.000 nuevos alumnos.
La carencia de fondos para programas de cooperación y los ajustes presupuestarios que afectan a la contratación de profesores ocuparon el resto de la primera reunión que Wert ha mantenido con todos los consejeros. Andalucía, Euskadi y Canarias manifestaron su disconformidad con el consenso establecido por el resto para suspender la contratación de profesores para el próximo curso.

viernes, 27 de enero de 2012

La mayoría de autonomías no sacará este año oposiciones para cubrir profesores





Una gran mayoría de comunidades autónomas prefiere no sacar plazas docentes públicas este año y acumularlas a las que pudieran sacarse en 2013, debido a la cantidad reducida de vacantes que imponen las restricciones legales de control del déficit público y para evitar "efecto de llamada" entre comunidades.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha negado en rueda de prensa que el Ministerio haya pedido a los consejeros autonómicos, con los que se ha reunido en conferencia sectorial, que opten por no convocar plazas este año, cuyo límite es del 10% como tasa de reposición de vacantes.
Andalucía, Canarias y País Vasco pretenden mantener sus respectivas convocatorias de oposiciones a profesores para 2012, mientras la Comunidad de Madrid, que todavía no las han convocado, no renuncia a hacerlo.
"Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta, en muchos casos, antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro.
Ante la decisión de algunas autonomías como Andalucía, País Vasco o Canarias de seguir adelante con la oferta de empleo público, el titular de Educación ha señalado que desde su departamento no se ha impuesto nada, sino sólo se ha explicado el límite establecido por el Gobierno y cada comunidad puede darle el "uso" que considere oportuno. Asimismo, ha reiterado que quiere evitarse el denominado 'efecto llamada'.

domingo, 22 de enero de 2012

Educación se compromete a abonar parte de la deuda a los concertados este año


Los colegios concertados cobrarán una parte del dinero que se les adeuda antes de que termine el año. Es el compromiso que adquirió ayer el conseller de Educación, José Císcar, en la reunión que mantuvo durante cerca de una hora con las patronales concertadas de la Comunitat para abordar los retrasos en el pago por parte de la Administración.
Císcar transmitió a los representantes de la Federación de Centros de Enseñanza (Feceval), de la Unión de Cooperativas Valencianas (Ucev) y de Escuelas Católicas de la Comunitat que el abono de la deuda «es una prioridad absoluta». Sin embargo, no está en manos de Educación hacerlo efectivo sino de las arcas de la Generalitat. Por eso, no pudo concretar la cantidad que se pagará. De hecho, el conseller mostró a los afectados la propuesta de pago tramitada a Hacienda.
El dinero pendiente de cobro se sitúa en torno a los 22 millones de euros, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión. Se trata del importe correspondiente al tercer trimestre del año de la partida denominada como «otros gastos», uno de los tres módulos en los que se estructura el concierto educativo. La deuda no afecta a ninguna de las otras partidas: los gastos variables y los salarios docentes, por lo que las nóminas «están aseguradas», tal y como aseguraron desde Educación.
Además, Císcar aseguró que se atenderá de forma personalizada los casos puntuales de centros que se encuentren al límite (como los que no puede hacer frente al alquiler) y que así lo comuniquen a través de la Dirección General de Centros.
El presidente de Ucev, Luis Cervellera, calificó la reunión de «afable y provechosa». Aunque en ella no se concretó «en qué momento ni cómo se efectuará el pago, el conseller demostró que ha hecho todo lo posible y que es una prioridad». Císcar, que estuvo acompañado por el subsecretario, Jesús Marí, y el director general de Centros, Rafael Carbonell, admitió la difícil situación actual, aunque matizó que es coyuntural.
La sensación de la presidenta de Escuelas Católicas,Vicenta Rodríguez, tras el encuentro fue agridulce. También destacó la actitud del conseller, que se mostró «cordial, sensible a nuestra situación y conocedor del dramatismo que vivimos» pero admitió que no salió del todo tranquila porque no se estableció un calendario concreto. «Estamos insatisfechos porque esperábamos un compromiso más firme pero confiamos en la palabra del conseller», aseveró.
Rodríguez afirmó que el compromiso de pago de parte de la deuda este año «aminora la angustia» de los 300 centros concertados que forman parte de la asociación. El Consell les adeuda en torno a 12,5 millones de euros de julio, agosto y septiembre que deberían haberse pagado en octubre.
La Conselleria les debe por ese trimestre 1.859 euros por cada clase de Infantil y Primaria, 2.359 euros por cada aula de Secundaria, 1.363 euros por cada módulo de Bachillerato y ciclos formativos y 1.898 euros por cada uno de Educación Especial. Así, un centro «normal» con dos líneas de formación estaría a la espera de cobrar de la Generalitat entre 90.000 y 120.000 euros.
Nueva reunión en enero
Císcar ha emplazado a las patronales concertadas a una nueva reunión en enero para establecer un calendario de pagos y regularizar la cantidad que falte por abonar en ese momento. «El conseller también nos ha transmitido el rigor presupuestario que hay para 2012 para que no vuelva a repetirse lo que ha sucedido este año», manifestó Cervellera, quien insistió en la necesidad de saber qué va a pasar «para saber cómo gestionar nuestros fondos hasta que se normalice el pago».
Cervellera afirmó su compromiso de que «haya tranquilidad» hasta diciembre, a la espera de que se abone parte de la deuda. Por su parte, Rodríguez manifestó que los centros de este colectivo no se plantean adoptar «medidas de fuerza». Lo que sí han hecho es enviar cartas a los padres para que conozcan la situación y sepan que la vida escolar transcurre normal pero la situación económica no es boyante».