Bachillerato de tres años para 2013

Algunas comunidades reclaman a Wert que reflexione sobre los costes de la reforma. Andalucía y Canarias, en contra de parar las oposiciones

El nuevo Bachillerato de tres años será llevado al Congreso de los Diputados "antes de final de año", según declaró este jueves en la conferencia sectorial de Educación (la reunión del Gobierno con las consejerías) el ministro de Educación, José Ignacio Wert. Hasta que la compleja normativa sea llevada a la negociación parlamentaria será debatida con las comunidades. Algunas como Catalunya o Andalucía mostraron sus reticencias a que el actual 4º de ESO sea sustituido por 1º de Bachillerato o de Formación Profesional (FP). Si el Gobierno tramita rápidamente en el Parlamento la modificación, el nuevo sistema podría entrar en vigor en 2013.

La nueva estructura del sistema, de la que Wert aclaró poco en la reunión, afecta a todos los implicados en la educación no universitaria. En primer lugar, a los centros, que deberán adaptarse a una nueva arquitectura de los títulos que adelanta el final de la Secundaria a los 15 años. El consejero de Educación de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, reclamó al Gobierno un estudio "de las consecuencias económicas" de la reforma.

La nueva estructura adelanta el final de la Secundaria a los 15 años

Otras comunidades expresaron sus dudas al respecto de que la ambiciosa reforma del sistema educativo sea la clave para reducir el 28,4% de alumnos que abandona los estudios después de la educación obligatoria. "Veo más complejidad que beneficios", resumió la consejera de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau. En su opinión, el Gobierno debería desarrollar el plan ideado por el exministro Ángel Gabilondo, que establecía tres itinerarios para el 4º de ESO.

"A veces, para comprobar si se ha conseguido un objetivo en educación hace falta esperar el paso de una generación", añadió, en el mismo sentido que Rigau, el consejero andaluz. El Gobierno socialista modificó el último curso de la Secundaria en un real decreto de la Ley de Economía Sostenible. El objetivo era desarrollar el carácter orientador del 4º de ESO tal y como establece la LOE en su articulado. Este curso orientador pretendía dirigir a los alumnos a la FP o al Bachillerato de ciencias o letras.

Reflexión

"Veo más complejidad que beneficios", dijo la consejera catalana

El ministro aceptó las quejas de Andalucía y admitió que la reforma deberá conllevar una "reflexión" que tenga en cuenta los "costes de un cambio sin perder de vista que se trata de cambios instrumentales". "El objetivo no es que el Bachillerato sea de tres años sino que, elijan lo que elijan los alumnos, salgan de su educación en mejores condiciones de empleabilidad que sus pares europeos", explicó Wert.

Además, las comunidades expresaron su desconfianza hacia una eventual inversión en un cambio normativo muy profundo en un contexto económico desfavorable. La reforma "tiene unas derivaciones en la política de los centros de gratuidad que hay que tener muy en cuenta porque los beneficios pueden ser menores que los inconvenientes", advirtió Rigau. Un informe de CCOO advierte de que concertar la etapa del Bachillerato podría tener un coste de 250 millones al costear con fondos públicos la educación postobligatoria de 60.000 nuevos alumnos.

La carencia de fondos para programas de cooperación y los ajustes presupuestarios que afectan a la contratación de profesores ocuparon el resto de la primera reunión que Wert ha mantenido con todos los consejeros. Andalucía, Euskadi y Canarias manifestaron su disconformidad con el consenso establecido por el resto para suspender la contratación de profesores para el próximo curso.